La declaración emitida ayer por una larga nómina de organismos corporativos de jueces fue impulsada por dos ministros de la Corte Suprema, que no consiguieron la unanimidad para convertirla en un pronunciamiento del alto tribunal. El redactor del texto fue el juez supremo Juan Carlos Maqueda.
La idea de que las recusaciones y las denuncias penales contra determinados jueces constituyan una agresión institucional a un poder del Estado es extravagante, como si éstos no fueran mecanismos legítimos que pueden articular las partes en un juicio. Lo mismo puede decirse de la pretensión de que el escrutinio público del desempeño de esos o de otros jueces pueda considerarse como “campañas difamatorias”.
La prórroga de la medida cautelar que impide la aplicación de dos artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual hasta que una sentencia definitiva se pronuncie sobre su constitucionalidad, concedida ayer al Grupo Clarín por la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y lo Comercial, integrada por jueces recusados, completa el cuadro de situación. Por un lado, ese fallo desmiente la afirmación del documento de que los “mecanismos directos o indirectos de presión” que atribuye al gobierno, hayan afectado la independencia de los jueces. Por otro, pone en evidencia la profundidad del compromiso con los intereses particulares que no admiten someterse a las leyes. Al cierre de esta edición, el Poder Ejecutivo preparaba un recurso para que la propia Corte Suprema, que hace pocos meses dijo que la cautelar vencía el 7D, resolviera la cuestión hoy mismo. Lorenzetti aduce que la Corte recién podrá reunirse el lunes para considerar el pedido, porque Maqueda tiene hora con el médico, Raúl Zaffaroni está en Colombia y Elena Highton festeja hoy su 70º cumpleaños.
Fuente: Feliz cumple
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario