ESTOS SÍ QUE LA REMAN...
Un acreedor uruguayo pidió a la Justicia la quiebra de Radio Mitre, propiedad del grupo, por utilizar a la empresa Cadena País como “instrumento para eludir su responsabilidad patrimonial”.
Por Diego M. Vidal
politica@miradasalsur.com
Un despacho de agencia que no tuvo rebote en ningún medio nacional, recorrió las redacciones a mediados de este mes y parece diluirse en el letargo de la feria judicial argentina. El día 30 de diciembre pasado, 24 horas antes de las vacaciones en la Justicia, el estudio jurídico Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, ubicado en la city porteña, presentó en el fuero Comercial un pedido de quiebra contra Radio Mitre S. A., propiedad del Grupo Clarín.
Los abogados argentinos se presentaron como apoderados del ciudadano uruguayo Álvaro Vargas Lerena, propietario de varias frecuencias radiales en distintas ciudades del Uruguay y criador de caballos pura sangre, quien le reclama a la empresa Cadena País Producciones Publicitarias S.A. (CP) la suma de 7.160.445,10 dólares y asegura que esta empresa radicada en Montevideo es controlada por Radio Mitre en un 99,98%.
La causa fue iniciada en la Justicia uruguaya contra CP por incumplimiento de los contratos para la producción de programas de radio. Aunque Mitre tiene repetidora en la Banda Oriental, las leyes de esa nación son taxativas con respecto a la operación de medios, porque en las “declaraciones societarias locales no puede haber capitales extranjeros. Las compañías constituidas para explotar medios tienen que ser uruguayas y debe existir prima facie una comprobación de la nacionalidad de los capitales”, señala una fuente reservada a Miradas al Sur.
El vínculo entre Vargas Lerena y la emisora de Clarín data de los ’90, cuando por medio de CP contrataron los servicios del ahora demandante. La llegada de la causa a los estrados de Buenos Aires es en procura de que la radio insignia de Clarín asuma la deuda de forma “solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”, según el artículo 54 de la ley 19.550 que regula el funcionamiento de las asociaciones comerciales.
Aunque el Grupo Clarín guarda silencio (tal vez por la licencia veraniega de la justicia), los letrados de Álvaro Lerena circularon por la prensa vernácula la presentación en la que aseveran la pertenencia al Grupo de la agencia de publicidad intimada en los juzgados montevideanos. Sostienen que “la razón de ser de CP es obrar como un mero instrumento de limitación de la responsabilidad de Radio Mitre, ya que CP no tiene giro, ni cumple con objeto social alguno”. En otro acápite del escrito, los patrocinadores de Lerena denuncian que “CP no tiene actividades de ninguna clase, siendo sólo una cáscara vacía al servicio de Radio Mitre (…) que tiene un solo empleado y en ninguna parte se consignan contratos de alquiler de oficinas”. Cabe preguntarse entonces por qué quien litiga por una deuda de poco más de 7 millones de dólares, firmó un contrato con una entidad ficticia y que solamente avalaba de palabra que era la representante de la emisora argentina para “realizar actos y contrataciones”, además de haber librado “60 pagarés” a favor del litigante y respaldados por Radio Mitre, como apuntan los autos que piden su quebranto.
La creación de corporaciones, fantasmas o no, en el exterior carece de novedad y necesita de una simple ingeniería jurídica.
Cualquier persona o entidad puede presentarse en algún bufet de abogados uruguayos con delegación en Argentina, como funcionan algunos cerca de la Plaza San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y solicitar su inscripción en el organismo equivalente a la Inspección General de Justicia del otro lado del Río de la Plata, solamente completando una proforma de estatuto de sociedad y listo.
Luego, al realizar cualquier operatoria económica o declaración jurada al fisco, se debe declarar la existencia de movimientos en el exterior para no caer en una situación de ilegalidad que va desde ilusión impositiva hasta lavado de capitales.
En este caso de solicitud de liquidación de los activos y bienes de Radio Mitre, si se comprueba que CP de Uruguay está enmascarando ilícitamente los negocios del Grupo Clarín allá, el gigantesco conglomerado mediático que conduce Magnetto podría estar incurriendo en maniobras de elusión impositiva. Pero establecer la propiedad de CP por parte del monopolio argentino, es una búsqueda infructuosa toda vez que ni siquiera en la página web del Grupo se puede establecer la relación, salvo por su participación en el negocio de la TV por cable más allá de nuestras fronteras, con la presencia de Multicanal en Uruguay.
Para encontrar alguna mención que relacione a las empresas del consorcio que gira en torno del Gran diario argentino, hay que remitirse a septiembre de 2009 cuando Miradas al Sur publicó una entrevista a Hernán Arbizu, que entre el 6 de noviembre de 2006 y el 7 de mayo de 2008 fue vicepresidente encargado de Relaciones del Cono Sur de la J. P. Morgan Chase en Buenos Aires, una de las empresas más antiguas de servicios financieros del mundo con sede en la Park Avenue de Manhattan. Arbizu se autoincriminó ante el juez federal Sergio Torres como partícipe en maniobras de grupos económicos argentinos para lavar dinero y otras prácticas non sanctas, entre ellos el multimedios que preside Magnetto.
En otro reportaje que le realizó la agencia Mercosur Noticias, el ex funcionario de la J.P. Morgan detalla una extensa lista de cuentas en esa entidad pertenecientes al Grupo Clarín y entre las que aparece la oriental CP con el número 32407608.00 y un capital de 9.316,43 dólares. Saldo que está muy lejos del monto reclamado por el que había firmado un “Convenio de Producción Radial” de varios millones de la verde moneda con Álvaro Vargas Lerena, en suelo charrúa.
Informe: Victoria Linari
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